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La “saga” de las pensiones de gracias en el contexto del estallido tiene un nuevo “capítulo”. De decir que no se podían revertir se pasó a que el Presidente “no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa” y echar para atrás algunos de esos beneficios. Luego, ayer el Mandatario señaló que habría 50 casos con antecedentes penales, que revisarían las pensiones entregadas los últimos cinco años y que se la revocarían a quienes tuvieran antecedentes “por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico”. Surgió de este modo una duda clave: ¿seguirán con su pensión de gracias quienes tuvieran condenas por saqueos, ataques a carabineros y a la propiedad privada, es decir, todo lo relacionado al 18-O? Pero aún no está dicha la última palabra.