Punto De Referencia

Las normas de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) que supuestamente fueron afectadas por la Sentencia C-235 de junio 6 de 2019 fueron, de manera parcial, los artículos 33, numeral 2, literal c), y 140, numeral 7, que decían: “ARTÍCULO 33. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD Y RELACIONES RESPETUOSAS DE LAS PERSONAS. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse: […] 2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público: […] c) Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo. […] ARTÍCULO 140. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: […] 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospital

La Corte Constitucional, que tiene a cargo la defensa de la Carta Política y de sus principios esenciales -uno de los cuales es la prevalencia del interés general- ha resuelto que, sobre ese interés prevalece el de los drogadictos y consumidores de alcohol, que proceden a ese dañino consumo en el espacio público, sin que tampoco importen los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Corte ha declarado inexequibles las expresiones 'alcohólicas, psicoactivas o' contenidas en el Artículo 33 (lit. c, num. 2); y las expresiones 'bebidas alcohólicas' y 'psicoactivas o' del Artículo 140 (num. 7) del Código de Policía (Ley 1801 de 2016). El artículo 33, literal c), numeral 2, sancionaba el consumo, en lugares públicos, de sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas. El 140, numeral 7, hacía lo propio con la conducta consistente en "consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio p

La Corte Suprema de Justicia, tras su decisión en el sentido de declarar que alias "Jesús Santrich" goza de fuero como congresista, dejándolo en libertad, ha resuelto que lo llamará a indagatoria por concierto para delinquir y narcotráfico. Practicará algunas pruebas antes de ese llamado. Con el debido respeto, hemos de manifestar que, a nuestro juicio, al menos mientras el señor Seuxis Paucias Hernández no se posesione como miembro del Congreso, la Corte Suprema carece de competencia para procesarlo. En efecto, según el artículo 29 de la Constitución, nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente. De conformidad con los artículos 186 y 235 de la Constitución, los congresistas gozan de un fuero: "De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención" Pues bien, el fuero no se consagra como un beneficio o privilegio personal en favor del congresista, sino, como todos los fueros, con un sentido de p

Las recientes decisiones de la Corte Constitucional -sobre las objeciones formuladas por el Presidente Duque respecto a 6 artículos del proyecto de ley estatutaria sobre la JEP- y de la Corte Suprema de Justicia -sobre el fuero de congresista de alias "Jesús Santrich"- son providencias respetables que se deben acatar. No obstante, nada impide a la Academia y a la opinión formular respetuosa crítica acerca de confusiones y evidentes contradicciones que han generado no solamente un cambio en el sentido del Derecho sino una gran inseguridad jurídica.

Por estos días, una de las universidades públicas de bien merecido prestigio –la Universidad Militar Nueva Granada- elegirá a su nuevo rector, quien, de conformidad con las normas aplicables, será, como es tradición, un profesional de altas calidades académicas, de una importante trayectoria militar, y de probados conocimiento y mérito. La elección de quien haya de tener a su cargo la delicada misión de continuar el destacado rumbo académico institucional que siempre se le ha señalado, deberá cumplirse de manera reglada, de conformidad con normas específicas, hoy contempladas en el Acuerdo 03 de 2016 (Reglamento), expedido por el Consejo Superior, llamado a elegir.

Del derecho a la salud, catalogado hoy –según la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional- como derecho fundamental, ninguna persona –nacional o extranjera- puede ser excluida, y el Estado Social de Derecho está obligado a garantizarlo (arts. 1, 2, 5, 13, 44, 49, 50, 78 de la Carta Política, entre otros). Allí no puede haber distinción, ni discriminación alguna, menos todavía en tratándose de menores de edad.

Si algo tiene en crisis a las instituciones colombianas, en especial en la administración de justicia, es la perniciosa tendencia a aplicar las normas jurídicas, inclusive las constitucionales, con base en interpretaciones “convenientes” –política, económica o personalmente- para quien las formula o para su popularidad.

Para la democracia, el Derecho y la justicia, no deja un buen sabor lo ocurrido en el caso de la cancelación de visas norteamericanas a algunos magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Un Estado que se dice Social y Democrático de Derecho requiere una administración de Justicia que sea segura, confiable y respetable.

Un buen juez ejerce su función de manera recta, imparcial, independiente y con arreglo a Derecho. Libre de presiones y lisonjas. Sin objetivos de orden político o económico. Ese talante lo hace respetable. El Gobierno de los Estados Unidos ha resuelto cancelar la visa a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha sido visto por las corporaciones judiciales y por un sector de la opinión como una forma de presión sobre aquéllas para que fallen en determinado sentido en asuntos tales como la extradición o el uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos.

Nos quedamos sin saber cuál es la posición de Colombia ante la comunidad internacional respecto a la migración de venezolanos a varios países, entre ellos, en la mayor medida, el nuestro. El embajador de Colombia ante la OEA afirmó formal y oficialmente ante ese organismo internacional que la migración de venezolanos hace parte de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para expandir el socialismo del siglo XXI.

Está muy bien que los medios, además de suministrar información sobre los actos y decisiones adoptados por los órganos del poder público, busquen complementarla, ilustrando a su audiencia sobre los esquemas normativos que los rigen. Lo que no debe ocurrir es que sean precisamente esos complementos -que deben estar al servicio de la información y de una adecuada pedagogía- se conviertan en fuente de desinformación, en especial en materia jurídica. En ocasiones ocurre que los llamados a ilustrar pontifican sobre los temas sin tomarse, al menos, la molestia de consultar las normas existentes.

Ante las diferencias surgidas en la interpretación y aplicación de la Constitución en lo que corresponde a la votación obtenida en el Senado para saber si las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Veremos lo que decida en este caso, y se debe respetar la decisión, cualquiera sea su sentido, aunque no se comparta. Ojalá sea jurídica y ajena a la polarización existente en el país sobre la materia.

Lo que ha pasado con las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, es totalmente inédito en la historia del Derecho Constitucional colombiano, y sin duda ha desgastado y desfigurado la institución. Al asunto se le dio un efecto político -o, más exactamente, politiquero-, utilizado para continuar con la polarización existente desde cuando se votó el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Los confusos hechos en el curso de los cuales perdió la vida el ex integrante de las Farc (desmovilizado en desarrollo del Acuerdo de paz) Dimar Torres Arévalo generan muchas y justificadas inquietudes. El ex guerrillero fue muerto como consecuencia de varios impactos de fusil. Esos hechos tuvieron lugar en inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Campo Alegre, en el municipio de Convención, Norte de Santander.

Como en las marchas estudiantiles de finales de 2018 y en otras movilizaciones de protesta, en el paro nacional programado para el 25 de abril contra el Plan Nacional de Desarrollo hubo infiltrados violentos y disturbios en la Plaza de Bolívar y otros sitios del centro de Bogotá, provocados por sujetos enmascarados que atacaron a la Policía y desencadenaron el desorden, dando lugar a la disolución prematura de una manifestación que, hasta su ilegítima irrupción, fue pacífica.

Rechazadas en la Cámara de Representantes las objeciones a seis artículos del proyecto de ley estatutaria sobre la JEP, corresponde ahora al Senado decidir. El Gobierno ha retirado dos de las objeciones planteadas, lo cual implica que ahora cree conveniente lo que antes pensaba que era inconveniente, y por tanto quedan cuatro artículos del proyecto sujetos al debate, que en realidad se ha convertido en un pulso de carácter político entre gobierno y oposición, desfigurando el sentido de la institución, relativa al fondo de los asuntos materia de la actividad legislativa.

Una de las conquistas más importantes de nuestro Derecho Público consiste en la consagración de la acción pública de inconstitucionalidad, puesta en vigencia -con las características actuales- mediante Acto Legislativo 3 de 1910, y plasmada con mayor amplitud en la Constitución de 1991.

La conmemoración cristiana de esta época, en que se recuerda el sacrificio de Jesús para salvar a la Humanidad, es oportunidad propicia para el examen de conciencia de cada uno; para la reflexión, el análisis y la reconsideración, y para corregir conductas. Cabe pensar en los muchos males que afronta la sociedad colombiana en todos los aspectos, en especial a causa de la violencia, el crimen, la intolerancia, la pérdida de valores y de principios. Parece que la sociedad ha dejado de lado el respeto que merecen la vida, la justicia, la libertad, la igualdad, la familia, la dignidad y los derechos de las personas.

Como lo hemos afirmado, la mejor vía para introducir las reformas que -dadas sus incoherencias y vacíos- requiere el sistema de administración de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016, no era precisamente la de formular objeciones respecto al proyecto de ley estatutaria para la JEP, aunque de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional resulta que el Presidente de la República gozaba de esa facultad y podía objetar por inconveniencia.

Durante la Asamblea de ASOFONDOS, los voceros de FEDESARROLLO, siempre en contravía del Estado Social y Democrático de Derecho y de las garantías constitucionales al trabajo y a las personas de la tercera edad, han formulado propuestas que resultan inaceptables Nuestras redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/EmisoraLaVozdelDerecho Twitter: https://twitter.com/LaVozDelDerecho Youtube: https://www.youtube.com/c/lavozdelderecho1 Instagram: https://www.instagram.com/emisoralavozdelderecho/